¿Qué es la violencia institucional?
Según el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, amparado en la Ley 26.485, violencia institucional es “Aquella realizada por las/los funcionarias/os, profesionales, personal y agentes pertenecientes a cualquier órgano, ente o institución pública, que tenga como fin retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres tengan acceso a las políticas públicas y ejerzan los derechos previstos en esta ley”. Además, aclara que “quedan comprendidos las que se ejercen en los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, deportivas y de la sociedad civil”.
Entonces podemos decir que la violencia institucional es aquella que se ejerce sobre una mujer desde una institución pública (o funcionarios de la misma), en la que se intenta obstaculizar, impedir o retardar la plena función de los derechos de éstas, o tengan acceso a políticas públicas.
En el Manual de Derechos Humanos frente a la violencia institucional, elaborado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, se amplía el concepto, y se identifican en ésta modalidad de violencia tres componentes: prácticas específicas (asesinato, tortura, aislamiento), funcionarios públicos (que llevan adelante o prestan aquiescencia), y contextos de restricción de autonomía y libertad (situaciones de detención, de internación, de instrucción). Por lo tanto, en un acto de violencia institucional están involucrados los autores de un hecho delictivo, como también funcionarios que prestan consentimiento antes o después de consumado el hecho. También se amplia que los funcionarios responsables pueden ser pertenecientes a fuerzas de seguridad, fuerzas armadas, servicios penitenciarios, operadores judiciales y efectores de salud.
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